Por fuera o arriba de los valores nacionales no puede haber nada. Los valores y principios nacionales son el continente de todo lo que existe en el país, personas, instituciones, gobierno, estado. Las universidades no pueden ser autónomas de los valores nacionales. Están incluidas en ellos y son los valores los que posibilitaron su nacimiento y su permanencia. Si esto no se está cumpliendo es el momento de ajustar la ley de educación en sus diversos niveles y la ley de universidades para expresar con claridad la inclusión de los valores, de soberanía, patria, independencia en el contexto en que se conforman e imparten los pensum y currículos de todas las carreras, profesiones, pnf, en toda la educación universitaria. Las autónomas serán autónomas dentro de esos parámetros. 4j6qr

Y es que la educación del País debe darse en ese continente de valores, patria, soberanía, independencia, nación, integridad territorial, integridad institucional y que todas las leyes, códigos, normas, instituciones, deben reflejarlos y respetarlos. Y ese es un trabajo de formación y creación de conciencia fundamental y necesariamente educativo, concibiendo a la educación como el elemento estructurante del todo en la conciencia de país. Ese es el primer nivel de evaluación de la educación y de la educación universitaria, sin excepciones.

La educación de una nación es el cimiento sobre el cual se construye su futuro, y en el caso de nuestro país, ese cimiento debe ser inquebrantable, forjado en un continente de valores. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de arraigar en cada ciudadano el profundo sentido de patria, soberanía e independencia. Estos pilares no son meras abstracciones, sino principios vivos que deben permear cada rincón del sistema educativo, desde el aula más pequeña hasta las instituciones universitarias.

Cada lección, cada actividad, debe respirar el amor por nuestra tierra, la iración por nuestros héroes y la inquebrantable defensa de nuestra nación. Formar ciudadanos conscientes de su historia y de su rol en el presente es esencial para garantizar un futuro de dignidad. Esta visión no puede ser arbitraria; al contrario, debe estar blindada por un marco legal que la sostenga. Todas las leyes, códigos y normas deben ser el reflejo inequívoco de estos valores, garantizando que la educación no solo los enseñe, sino que también los respete y los haga cumplir.

Así, las instituciones educativas, junto a las demás esferas de la vida pública, deben ser custodias de esta herencia, promoviendo una cultura donde la identidad nacional, la autodeterminación y el respeto mutuo sean innegociables. Solo así construiremos una sociedad fuerte, cohesionada y capaz de enfrentar cualquier desafío, con la educación como faro que ilumina el camino hacia una patria verdaderamente libre y soberana.

Esa metáfora es poderosa: la soberanía como el continente que define los límites y la estructura, y la educación como el contenido que lo llena de significado y desarrollo. Sin soberanía, no habría marco para una educación autónoma; sin educación, la soberanía sería un cascarón vacío.

Con esta perspectiva se resalta que la soberanía proporciona el espacio y las condiciones necesarias para que una educación genuinamente transformadora ocurra pues esos valores fundamentales no solo establecen el marco general de la sociedad, sino que también influyen en cada aspecto de su funcionamiento. La educación, por ejemplo, no puede ser neutral en un contexto donde la soberanía es un principio rector; su orientación dependerá de la necesidad de formar ciudadanos capaces de sostener y fortalecer esa soberanía. Lo mismo ocurre con la producción, que no es solo un asunto económico, sino un ejercicio de independencia y autodeterminación.

Cuando esos valores están bien definidos y arraigados, las instituciones, tanto públicas como privadas, operan dentro de un marco coherente, guiadas por una visión de nación que les da propósito. En ese sentido, la soberanía no es solo un concepto político, sino un principio estructural que moldea la sociedad en su conjunto y que se transmiten generación tras generación en todas las instituciones educativas, incluida la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades autónomas.

La autonomía universitaria debe modificarse a fin de enfocarla en un concepto de construcción integral de país y un enfoque socialista, donde todo elemento responde a una visión común, al bien común y el elemento rector del sistema es la soberanía nacional y los demás elementos se supeditan a este objetivo. Se requiere modificar en ese aspecto de valores y el aspecto curricular en la ley de universidades. Es inevitable.

Debe concebirse como una ayuda que proporciona el estado para la transformación, de las universidades autónomas en primer lugar y la educación universitaria en general, pues es una decisión de los representantes de la población, que no imponen sino que legislan para integrar a la educación universitaria al proceso general politico y social, socialista y comunal que se ha dado en el país y del cual esas instituciones educativas no pueden estar de espaldas o con posiciones de confrontación.