Se leía hace un tiempo que El Salvador era el país más violento del mundo, un sitial siniestro que enarbola su presidente Nayid Bukele constantemente para proclamar ahora que rescató a su país de semejante hueco estadístico. Generó una guerra entre el Estado y las numerosas pandillas para alcanzar unas cifras blancas en materia de seguridad con la conversión de la nación en un negocio penitenciario. p6p2x
Significa entonces que el nuevo Estado para generar riqueza debe disponer constantemente de privados de libertad, lo cual, en gran medida, explica la necesidad de importación de reclusos que tiene para satisfacer el lucro de la empresa. Con la construcción de su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), Bukele, en apariencia, abate la numerología delictiva del país, proyectando colmar la capacidad de la megacárcel con detenidos procedentes desde otros países, como ya hizo con Estados Unidos y Venezuela.
El inconveniente que hace insostenible el plan es que, de acuerdo con las denuncias, hay el convencimiento de que la cárcel está engrosada con personas que fueron víctimas de falsos positivos, presuntos de pandillas en su mayoría. Tal es la consecuencia del hecho capitalista de fundar una empresa que requiera por fuerza y constantemente delincuentes. Si no son suficientes los falsos positivos de mismo país, como se dijo, pueden hasta importarse, como se hizo con los 250 venezolanos deportados desde los Estados Unidos, que Bukele no tardó en catalogar necesaria y rápidamente como “asesinos” y “delincuentes”.
Como se ve, semejante sistema diabólico del lucro a expensas de la moralidad humana como negocio obliga a la comisión de delitos para, presuntamente, combatir otros. Se sabe de personas inocentes tratadas como terroristas para cubrir el aporte al sistema. Recibe El Salvador $20 mil anuales por cada deportado desde los Estados Unidos, y es notorio que este país le pagó $6 millones por el acuerdo de retener pandilleros. En El Salvador se requieren reclusos, culpables o inocentes.
Bukele es acusado de violar los derechos humanos con su campo de concentración similar a Guantánamo. Medio mundo sabe que los venezolanos recluidos en su cárcel no son terroristas ni pandilleros, pero al presidente salvadoreño no le queda más remedio que justificar el pago que le diera Donald Trump por adelantado.
El tal paradigma represivo para combatir el delito en El Salvador no es ningún éxito.
