"Hoy gobiernan los nietos de los fusiladores. Ojalá el hambre y el sufrimiento de nuestro pueblo sirvan para unir a nuestra dirigencia", sostuvo un joven de apellido Carranza, cuyo abuelo era Nicolás, un obrero ferroviario asesinado por las balas, refiriéndose al contexto político actual. Familiares de las víctimas, dirigentes y militantes políticos y sociales de San Martín se reunieron en el lugar donde cayeron los fusilados, un 9 de junio pero de 1956, para recordarlos y comparar aquel odio oligárquico con el actual, que ahora viste ropaje libertario, justo cuando la Corte Suprema podría encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández. c46s

Aunque el hecho quedó inmortalizado por el libro "Operación Masacre" de Rodolfo Walsh, un clásico del periodismo de investigación de lectura ineludible para los estudiantes, se trata de uno de los crímenes más silenciados de la historia argentina.

José León Suárez es "el fondo" del partido de San Martín, atravesado por la ruta 4, que se llama alternativamente Márquez, Rolón y Rosas, muy cerca del cauce del río Reconquista, que cruza en diagonal el conurbano. Si hoy es, a pesar del esfuerzo de los gobiernos municipal y provincial, una de las localidades menos aventajadas de la región, hace siete décadas era directamente campo. O campo y basural, la nada misma.

Allí, donde fueron masacrados los caídos, hoy hay un natatorio municipal y, justo enfrente, un club: la Sociedad Alemana de Gimnasia. Entre ambas edificaciones, un monumento los recuerda. Hoy, como cada año en esta fecha, amaneció repleto de coronas y ofrendas florales.

Después del mediodía, una pequeña multitud se reunió allí para honrar la memoria de los caídos y escuchar a los tres oradores, el intendente Fernando Moreira, el vicepresidente del PJ local, Lauro Grande y un nieto de Nicolás Carranza.

Moreira se refirió a las políticas de ajuste de Milei y recordó cuál debe ser el rol histórico del peronismo en una circunstancia como esta. "La historia nos pide mucho menos de lo que les pidió a estos compañeros que ofrendaron su vida, pero los peronistas sabemos perfectamente dónde y con quiénes debemos estar. Con los que sufren, con los golpeados por este gobierno, los jubilados, los discapacitados", enumeró. "De a diez, de a cinco, de a uno, no importa cuántos seamos, pero tenemos que estar ahí", dijo el alcalde, frente a una multitud que asentía y aplaudía alternativamente sus palabras.

Lesa Humanidad

En 2022, los tribunales federales de Chaco declararon crimen de lesa humanidad, y por la tanto imprescriptible, la masacre de Napalpí, ocurrida en 1924. Frente a esa novedad, una comisión de familiares de fusilados comenzó a trabajar en una demanda, para que la masacre de José León Suárez corriera la misma suerte.

Durante 2022 y 2023, la jueza Alicia Vence, titular del TOF Nro 4 de San Martín llamó a declarar, en calidad de testigos a los hijos de las víctimas, todos ellos septuagenarios u octogenarios y a un oficial de policía que revistaba en la comisaría de San Martín desde donde fueron trasladados, que se negó a suscribir el pacto de silencio y fue dado de baja de la fuerza como represalia.

Pero en 2024, con el cambio de gobierno a nivel nacional, la causa comenzó a frenarse. Según los querellantes, la jueza comenzó a reclamar la presentación de evidencia documental que, como escribió Rodolfo Walsh en aquel entonces, fue destruida por la propia dictadura.

Sin embargo, se produjo un hallazgo llamativo. Un llamado anónimo alertó a los familiares de la existencia de varias cajas de documentación que habían pertenecido al almirante Isaac Rojas, uno de los pilares de la Fusiladora, en la casa del casero de Casa Amarilla. En Casa Amarilla, en el barrio porteño de La Boca, en una finca que había sido propiedad de Guillermo Brown, funciona un museo de la armada.

"La información del llamado resultó certera y se recuperaron casi doscientas cajas, la mayor parte no era documentación privada de Rojas sino documentos del Estado que Rojas se había robado", explica Laura Lagar, integrante de la Comisión de la Memoria y directora del documental "Hay un fusilado que vive".

Lagar cuenta que "el material fue clasificado y digitalizado por personal del ministerio de Defensa, que entonces dependía del ministro Agustín Rossi. Pero nos preocupa muchísimo el destino de esos documentos, de los que no logramos saber más nada y hacemos responsable a Luis Petri".

Junto a ella, el abogado que patrocina a los familiares, Alberto "Pepe" Palacios, afirma que "ya estamos para el juicio oral, lo único que falta es que el tribunal fije la fecha". a la vez, observa un último obstáculo. "Aunque sea un juicio en ausencia, los acusados tienen derecho a una defensa, que debería correr por cuenta del Ministerio Público Fiscal. Esperemos que el Procurador General de la nación nombre a los defensores sin más dilaciones".

Los hechos

Los generales nacionalistas Juan José Valle y Raúl Tanco venían planificando un alzamiento contra la autodenominada "Revolución Libertadora", que pronto pasaría a ser "La Fusiladora", para ese 9 de junio, con el objetivo de restablecer el gobierno peronista derrocado por las armas nueve meses antes. Pero sus planes se habían filtrado a la conducción de las fuerzas que, en vez de detenerlos antes de que se alzaran, decidieron dejarlos hacer y aplicarles luego un castigo ejemplar.

Esa noche, algunos militantes peronistas esperaban escuchar la proclama rebelde por radio, que era la señal indicada para sumarse y salir a la calle. Pero los rebeldes no pudieron emitir. Hubo combates en La Plata y en Avellaneda, donde los antiperonistas los esperaban pertrechados y lograron finalmente reducirlos. Esa noche peleaba "El zurdo" Eduardo Lausse en el Luna Park y, como era costumbre, la gente solía congregarse en algún domicilio, alrededor de la radio, a escuchar el combate.

Eso ocurrió, de manera espontánea, en el departamento al fondo del pasillo que Juan Carlos Torres alquilaba sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 4519, en Florida Oeste, partido de Vicente López. Entonces, ese barrio del conurbano norte tenía, como todo el cordón oeste de Vicente López, compuesto también por Villa Martelli, Munro y Carapachay, un perfil fabril y obrero, muy similar al de la localidad vecina de San Martín. Casas humildes, algunas sin terminar, y terrenos baldíos, se intercalaban con metalúrgicas, químicas y demás talleres dedicados a todo tipo de actividad productiva, saldo del primer ciclo peronista.

La policía irrumpió en la vivienda y a los golpes. "¿Dónde está Tanco?", era la pregunta repetida, entre trompadas, patadas y culatazos. Los subieron a un colectivo que los dejó en la Unidad Regional San Martín. Los sentaron a todos en unos bancos de plaza, en una oficina. Esperaban que los largaran "en un rato o al mediodía siguiente como mucho", en cuanto se aclarase el malentendido.

Sin embargo, horas más tarde, sonó el teléfono de la repartición. Era nada menos que el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata. La orden le sonó tan extemporánea a quien la recibió, que se la tuvieron que repetir.

Luego los subieron a un camión que los llevó a los basurales. Una vez allí, los bajaron e intentaron reunirlos, valiéndose de los faros del vehículo para fusilarlos. Pero como no habían sido inmovilizados, al comprender lo que ocurría intentaron huir. Cinco de los 12 murieron en el acto: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brion. Los 7 restantes huyeron como pudieron, para contar la historia.