Desde una perspectiva crítica, se analiza la responsabilidad del Estado en la protección del poder adquisitivo y los derechos laborales, especialmente en un contexto de crisis económica severa como la que ha vivido Venezuela. Se parte de una premisa fundamental en muchos modelos de organización social: que el Estado tiene un rol ineludible en garantizar condiciones de vida dignas para sus ciudadanos, incluyendo la estabilidad y el valor del salario. 76zg

1. El Rol del Estado como Protector del Salario: Una Función Esencial

Una de las funciones esenciales que se le atribuye al Estado es la de proteger a sus ciudadanos de la devastación económica, lo que naturalmente incluye salvaguardar el valor de su trabajo. En el caso venezolano, la combinación de políticas económicas que no lograron el efecto deseado, la pronunciada caída de la producción petrolera, la corrupción, el impacto de las sanciones y la consecuente hiperinflación han erosionado dramáticamente el salario mínimo y el poder adquisitivo de la población en general.

Desde esta óptica crítica, el Estado no solo no logró proteger el salario, sino que algunas de sus acciones o inacciones contribuyeron a su deterioro. Reconocer esta responsabilidad, se argumenta, es un primer paso necesario para abordar la situación.

2. Propuesta de "Borrón y Cuenta Nueva" y Bonos Petroleros a futuro: Una idea valiosa, desafíos gigantes

Se ha planteado una propuesta para compensar o indemnizar a los trabajadores (públicos y privados), así como a los pensionados y jubilados, por la pérdida acumulada del valor de sus salarios y prestaciones. Esta iniciativa, moralmente comprensible, busca abordar una injusticia histórica que ha afectado a muchísimas familias.

La idea de hacerlo a través de "bonos petroleros a futuro" o "papeles del Bono del Petróleo", que se podrían vender en un mercado secundario, es una forma creativa de pensar en cómo monetizar un activo estratégico del país para resarcir a la población.

Sin embargo, desde una perspectiva económica y de viabilidad, aunque la intención es válida, la implementación de una medida de esta magnitud enfrentaría enormes desafíos en el contexto actual venezolano:

• Valor de los Bonos: El valor de estos bonos dependería enteramente de cómo el mercado perciba la capacidad futura de Venezuela para producir y exportar petróleo de manera sostenida y rentable, y de la voluntad del gobierno de honrar esa deuda. Dada la situación actual de PDVSA (marcada por baja producción, problemas de infraestructura y sanciones parciales) y el impago de deuda soberana, es probable que esos bonos se cotizaran con un descuento en el mercado secundario. Esto, lamentablemente, resultaría en una compensación muy inferior a la pérdida real sufrida por el trabajador.

• Mercado Futuro: Surge la pregunta crucial: ¿Existe un mercado robusto y fiable donde los trabajadores venezolanos puedan vender fácilmente esos papeles? La infraestructura para un mercado de bonos futuros de esta naturaleza no parece existir actualmente en Venezuela de manera accesible y transparente para el ciudadano común.

• Transparencia y Distribución: La logística de distribuir estos bonos a todos los trabajadores, pensionados y jubilados (que suman cientos de miles o millones de personas) de manera equitativa y transparente sería una tarea monumental y, desafortunadamente, susceptible a la corrupción.

• Impacto en PDVSA: Emitir bonos respaldados por producción futura implicaría comprometer ingresos petroleros venideros. Esto, a su vez, podría limitar aún más la capacidad de PDVSA y del Estado para invertir en infraestructura, aumentar la producción y financiar otras necesidades públicas esenciales, lo cual podría generar un círculo vicioso.

• Viabilidad Legal y Política: Una emisión masiva de deuda de este tipo requeriría un marco legal sólido y una amplia aceptación por parte de los actores nacionales e internacionales para que pudiera prosperar.

3. Nuevo Sistema de Prestaciones Sociales basado en el salario promedio de los últimos 3 Años: Buscando equilibrio

Esta propuesta busca resolver un problema crucial que genera la indexación de las prestaciones sociales al "último salario" en un contexto de hiperinflación. Se ha mencionado anteriormente que el sistema actual crea pasivos laborales inmanejables para las empresas y desincentiva el aumento del salario base formal.

Se considera que cambiar el cálculo a un promedio de los últimos 3 años (o un período similar) ofrecería mayor previsibilidad para las empresas en cuanto a sus costos laborales futuros. Esto podría, en teoría, facilitar la contratación y la planificación financiera, elementos clave para la recuperación económica.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en una economía que ha sufrido (y sigue sufriendo) una inflación considerable, un promedio de los últimos 3 años sería significativamente más bajo que el último salario (incluso si este último es nominalmente bajo) si no se aplica algún tipo de indexación o ajuste por inflación a los salarios de años anteriores dentro del cálculo del promedio. Esto podría resultar en pagos de prestaciones sociales muchos menores de lo que la ley actual teóricamente estipularía, aunque es cierto que la ley actual a menudo es incumplida o su valor real se diluye por la inflación al momento del pago. La clave, entonces, estaría en cómo se calcula ese promedio y si se ajustan los salarios pasados a valor presente o a una moneda estable para el cálculo. Si no se hace así, se advierte que podría ser una forma de reducir legalmente el valor de las prestaciones.

Conclusión

El planteamiento realizado es muy valioso porque identifica problemas centrales de la crisis venezolana: la pérdida de valor del salario, la ineludible responsabilidad del Estado y la necesidad de reformar un sistema de prestaciones sociales que se ha vuelto disfuncional en un contexto hiperinflacionario.

La propuesta de compensación con bonos petroleros, aunque bien intencionada, parece difícil de ejecutar eficazmente y podría no lograr el objetivo de resarcir justamente a los trabajadores debido a las condiciones del mercado y la situación actual de la industria petrolera venezolana.

La sugerencia de cambiar el cálculo de las prestaciones a un salario promedio es una respuesta directa a un problema real del marco legal actual y está en línea con las preocupaciones empresariales. Sin embargo, para que sea justa para los trabajadores, la metodología de cálculo (incluyendo la indexación) sería crucial para evitar una reducción drástica del valor real de las prestaciones.

En última instancia, se enfatiza que superar la situación actual y lograr salarios dignos y beneficios sociales justos requiere una recuperación económica sostenible, un manejo fiscal responsable, un marco legal claro y estable, y un diálogo social efectivo que permita construir consensos entre todos los actores involucrados. Las propuestas presentadas contribuyen, sin duda, a este importante debate sobre cómo avanzar.