Frente a la orden de captura en su contra, que emitió en la víspera el Ministerio Público de Guatemala en razón de supuestos delitos que habría cometido mientras formaba parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró este martes que se ampara en su inocencia, más que en la inmunidad que le otorgó el ejercicio de ese cargo. 2yy6c
"Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional –que ayer se dio por tramitada sin estarlo y que no será emitida– […], me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen", sostuvo la funcionaria en una rueda de prensa.
Al mismo tiempo, llamó a recordar que personalidades, como la relatora especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, han llamado la atención sobre "el posible abuso del derecho disciplinario para sancionar a los jefes de unidades especializadas que conocían de casos de corrupción, derechos humanos o justicia de transición" por parte de la oficina de la titular de la fiscalía guatemalteca, María Consuelo Porras, sobre quien pesan sanciones estadounidenses por "socavar la democracia".
"La inmunidad no significa impunidad. Claro es que yo puedo ser investigada, pero observando las formas propias del debido proceso internacional. Es más dañino difundir rumores y dejar un manto de dudas sobre mi conducta, que ni en esa época ni ahora puede ser cuestionada. Hago un llamado a la sensatez, al respeto por los compromisos asumidos conforme a la Carta de la ONU y a la consolidación de caminos legítimos y lejanos de la criminalización emprendida de personas que luchan contra la corrupción", concluyó.
Camargo lideró la investigación vinculada al pago de sobornos a altos funcionarios guatemaltecos por parte de la constructora brasileña Odebrecht y su trabajo fue decisivo para la captura de altos personeros, incluido el expresidente Otto Pérez Molina, precisa El Espectador.
Posiciones encontradas
Este lunes, el titular de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de Guatemala, Rafael Curruchiche, comunicó que se había solicitado la captura de Camargo y del embajador Iván Velásquez, quien participó en la Cicig en calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.
La medida fue rechazada por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo –abiertamente enfrentado con el despacho de Porras–, que en un comunicado difundido en X aseguró que tales iniciativas "carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para el establecimiento de una Cicig, así como los propósitos y principios de la Justicia y el Derecho internacional contenidos en las cartas de la ONU y de la Organización de Estados Americanos".
"Estas acciones se realizan con evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la fiscal general de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la Justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y el abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional", reza el texto.