Los extraordinarios acontecimientos que han tenido lugar en Panamá durante abril y junio de 2025, aunque puedan parecer excepcionales, constituyen una consecuencia lógica de la crisis del sistema capitalista global. En ese sentido, se encadenan con otros hechos parecidos ocurridos en el mundo y en Latinoamérica, como las revueltas juveniles en Chile y Colombia en años recientes, o las luchas de los indígenas ecuatorianos de la CONAIE, las movilizaciones democráticas en Honduras y Guatemala, así como la insurrección popular en Nicaragua contra la reforma del sistema de jubilaciones impuesto por el FMI en 2018. x6t65

Las causas de la explosión social que vive la población istmeña encuentran su razón de ser en profundos problemas estructurales heredados de la historia del país, es decir, la forma en que éste ha sido acoplado al mercado mundial capitalista desde el siglo XVI (transitismo), exacerbado por 40 años de decadencia capitalista con sus políticas neoliberales. De manera que, a los desequilibrios internos impuestos por la asignación de región de paso de mercancías definida desde los centros del poder hegemónico, han empeorado la situación de desigualdad impuesta por el capitalismo neoliberal, a sus habitantes.

Una explosión en tres tiempos

La explosión social que vive Panamá se ha producido en tres tiempos: julio de 2022, en lucha contra el alza de los precios (combustible, comida y medicinas); en octubre – diciembre de 2023, con movilizaciones masivas y paralización económica contra el contrato minero de la empresa First Quantum Minerals; en abril a junio de 2025, la huelga docente, de la construcción y bananera, así como la movilización de las comunidades campesinas e indígenas contra la reforma del sistema de jubilaciones (ley 462), contra la reapertura de la mina; contra el embalse del río Indio y contra el Memorando que permite el retorno de bases militares norteamericanas al país.

Podría pensarse que se trata de luchas distintas, pero no es así. Los tres acontecimientos hacen parte de una cadena unida por el creciente descontento de los mismos actores sociales: obreros de la construcción, trabajadores bananeros, docentes, comunidades rurales, particularmente indígenas (Ngabes-Buglés, Emberá-Wounnan y Gunas) y, transversalmente, jóvenes.

Todos comparten la convicción de que se enfrenta a una sociedad profundamente desigual, corrupta e injusta. Además de que han aprendido unos métodos de lucha con los que ponen en jaque al gobierno de turno y a la oligarquía dueña del país.

La maldición del "transitismo"

El "transitismo" es a Panamá como el monocultivo a otros países de la región. Es la asignación hecha por el mercado mundial capitalista a los habitantes del Istmo de Panamá, desde el siglo XVI, bajo la colonización española. Desde entonces hasta el presente, se ha 1impuesto una especie de determinismo geográfico por el cual el sistema mundial decidió que la sociedad istmeña sirva de puente de mercancías y personas entre ambos mares (Porras, 2022).

Historiadores y científicos sociales panameños han denominado a este "monocultivo" del tránsito como "transitismo", una peculiaridad de la formación económico social panameña que deforma su estructura concentrando toda su actividad en la zona de tránsito, materializada hasta el siglo XIX como el sistema de mulas y botes por el Camino de Cruces y el río Chagres; desde 1855, por el ferrocarril transístmico; y desde 1914 por el Canal de Panamá (Castro, 2023).

Ese peso del transitismo ha producido una sociedad deforme, con un cuerpo raquítico y una cabeza gigante, con una economía controlada por comerciantes y banqueros que dominan la zona de tránsito, y se chupan el 80 a 90% de la riqueza económica. Con un "interior" y una producción agrícola e industrial famélica, lo cual obliga a la población rural a emigrar a los barrios periféricos de la ciudad de Panamá, con deficitarios servicios públicos y un desempleo crónico disfrazado de "cuentapropismo" e informalidad.

Esa desigualdad estructural es la que explica las continuas guerras campesinas que asolaron al Istmo hasta la Guerra de los Mil Días; y es la que explica las reiteradas explosiones sociales urbanas del siglo XX.

El siglo XX fue la lucha contra el transitismo colonialista

Contrario a las falacias propaladas por los ideólogos defensores del sistema, el Canal de Panamá controlado por Estados Unidos, la Zona del Canal, la economía del dólar, la "vocación" comercial del Istmo, nunca han producido una sociedad próspera y equilibrada.

La pobreza y el desempleo crónico han sido la norma. Junto a la belleza de la ciudad norteamericana de Balboa, cruzando la cerca de ciclón, estaban los barrios populares del El Chorrillo, el Marañón o Santa Ana, donde la miseria era la norma. Esto ha sido así salvo el breve período histórico, una década, que duró el régimen populista dirigido por Omar Torrijos, teñido parcialmente de keynesianismo intentó atenuar un poco la desigualdad. Tratando de construir un proyecto de Estado independiente y soberano, en el que hubo una política social para atenuar la desigualdad social, con el objetivo de unificar a las clases populares bajo la consigna de presionar a Estados Unidos por un tratado sobre el canal hiciera desaparecer el sistema colonial impuesto en 1903 (Ayala, 2022).

Este tratado se firmó en 1977 y es el que determinó que, a partir del siglo XXI, dejara de existir la Zona del Canal, se retiraran las bases militares y la istración del canal fuera asumida por nacionales.

La década de 1980: neoliberalismo, crisis política e invasión norteamericana

Pero luego llegó la década de 1980 y hubo un giro de la realidad. Torrijos murió en circunstancias dudosas en 1981. A partir de 1984 el general Manuel Noriega en alianza con Estados Unidos impuso el primer gobierno neoliberal mediante un fraude electoral. Y empezó el desmontaje de lo poco que había avanzado el Estado de bienestar, lo cual condujo a las protestas en las calles, la crisis política y la invasión norteamericana de 1989, con sus centenares de muertos.

La invasión del 20 de diciembre de 1989 tuvo varios objetivos desde el punto de vista de los intereses norteamericanos (Beluche, 1994):

1. Imponer el régimen títere a los designios de Washington con alternancia electoral de partidos, para que parezca democrático;

2. Que ese régimen continuara la aplicación del esquema neoliberal de privatizaciones y recortes de derechos económicos y sociales;

3. Definir los criterios con que se iba istrar el Canal de Panamá para que estuviera en manos leales al imperialismo norteamericano;

4. Intentar renegociar la permanencia de una base militar que, al fracasar en 1997, se cambió por "acuerdos de seguridad".

Décadas de gobiernos neoliberales y llegó la COVID

Cuarenta años de neoliberalismo empeoraron las cosas. Se privatizaron y desmantelaron las industrias estatales. Se eliminaron sustanciales derechos laborales y se impuso el despido sin causa justificada. Salvo para una élite de grandes propietarios se acabaron los incentivos en a la producción agropecuaria y se fomentó el "libre comercio". Se deterioraron los servicios básicos de salud y educación para fomentar la medicina y la educación privadas. Se impusieron reformas que deterioraron el sistema de jubilaciones.

Llegó la pandemia de la COVID, en 2020, convirtiendo lo malo en pesadilla económica y social. De golpe el gobierno empresarial de Laurentino Cortizo suspendió todos los contratos y convenciones laborales, permitiendo a los empresarios cerrar operaciones sin pagar salarios ni derechos laborales, ni siquiera las cuotas de la seguridad social descontadas. Solo una pequeña fracción de la fuerza laboral conservó sus empleos, mientras el 30% perdió todo sustento. Solo se mantuvo estable el sector de los empleados públicos (Beluche, 2022).

El gobierno apenas dio un pequeño subsidio familiar de 100 dólares mensuales, en un momento en que la canasta básica alimenticia rondaba los 300 dólares mensuales. En sentido contrario, el gobierno se prodigó con los banqueros y grandes empresarios a quienes otorgó subsidios millonarios. Esos subsidios, unos mil millones de dólares para la banca local, se obsequiaron sin que a cambio los bancos condonaran las hipotecas de pequeños y medianos prestamistas a quienes se procedió a embargar sin piedad.

Con la reactivación económica de 2021, la mayor parte de esos despedidos y suspendidos no recuperó sus empleos. Pese a que en Panamá la inflación no alcanza cifras extraordinarias como en Venezuela o en Argentina (en junio de 2022 llegó al 5,2% respecto al año anterior), el aumento de los precios, dada la precariedad laboral y salarial, conduce a las familias a la desesperación (Beluche, 2022).

El estallido de julio de 2022

En ese marco se produjo la crisis de 2022, cuando la tasa de desempleo abierto y subempleo (o informalidad) sobrepasaban el 60% de la fuerza laboral, con gran parte de las familias sobreviviendo con los restos del subsidio estatal.

Los niveles de pobreza eran alarmantes. La pobreza extrema llegó al 10% de las familias, mientras que la pobreza relativa afectaba a más del 20%. En las zonas rurales y comarcas indígenas la pobreza sobrepasó el 80% de las familias, en particular entre la nación Ngäbe

Buglé, constituye la columna vertebral de la mano de obra agrícola.

Fue ese año cuando inició la supuesta "recuperación" económica norteamericana fomentada por Biden, que se contagió en seguida al resto del mundo como inflación de los precios del combustible y los alimentos, sin que ello significara recuperación del empleo y de los ingresos de la clase trabajadora. Al menos en Panamá.

Transportistas, educadores, obreros de la construcción, bananeros, comunidades rurales e indígenas procedieron a bloquear la carretera Panamericana en diversos puntos para exigir control de precios. Mediante los llamados "bastiones de lucha", un grupo de personas se reunía en un sector de la carretera y lo bloqueaba. Con lo cual se logró parar la economía del país durante dos semanas, hasta que el gobierno aceptó sentarse a negociar con los sectores en lucha.

Con dos o tres semanas de movilización y bloqueo se obligó al gobierno a un "diálogo" que fuera televisado, pudiendo la nación ver como los ministros eran puestos en ridículo al poner al descubierto su calidad de los grandes consorcios farmacéuticos, de los monopolios del combustible y las cadenas de supermercados. Aunque el gobierno ganó tiempo y burló los acuerdos la gente ya había aprendido el método de lucha que lo podía doblegar.

Endeudamiento público, subsidio a la oligarquía y desigualdad social

¿Cómo hizo el gobierno de Cortizo para capear la crisis de la COVID? Ejecutando la política económica privilegiada de endeudamiento estatal y subsidio a los grandes capitalistas. Desde la reversión del canal a manos panameñas, la política estatal ha consistido en subsidiar el funcionamiento del Estado con deuda y bonos, a la vez que amplía la cantidad de poderosos sectores económicos exonerados de impuestos e incluso que practican la evasión fiscal. En el fondo lo que se está hipotecando es el propio canal.

Estimaciones la evasión fiscal anual en Panamá ronda entre 300 millones de dólares según algunos, o sobre pasa los 1,000 millones de dólares según otros. Lo peor es que los sectores punta de la economía, vinculados a la zona de tránsito (puertos, aeropuertos, Zona Libre de Colón, zonas especiales, incluso inversiones turísticas, etc.) están exonerados de impuestos (Marciscano, 2025).

La industria marítima, que representa el 33.5% del PIB, en 2019, significaba mover unos 26 mil millones de dólares anuales, su tributación totalizaba 603.4 millones, apenas el 2.3% de ese capital. En cambio, un docente universitario tributa de su salario el 7.35% en impuesto sobre la renta, y si se le suma el impuesto educativo sube hasta el 8.6% (Beluche, 2021).

Mientras la gran burguesía nacional y extranjera es beneficiada con las exoneraciones y evasiones, la situación social de la clase trabajadora, especialmente la juventud, es realmente difícil. Sobre la base de una población económicamente activa de poco más de 2 millones de personas, la tasa de desempleo abierto es del 9,5%, mientras que el empleo informal sobre pasa el 49%. Sumados ambos indicadores tenemos que la precariedad laboral afecta a casi el 60% de la clase trabajadora (INEC, 2024).

Pero los números se agravan si ponemos la lupa sobre la juventud (15 a 29 años), pues allí el desempleo supera el 17%, y si precisamos sobre las mujeres, la tasa de desempleo juvenil femenina en Panamá supera el 23% (Quevedo, 2025).

La lucha contra la minera en 2023

En octubre de 2023, el gobierno de Laurentino Cortizo pretendió legalizar un leonino contrato con la transnacional canadiense First Quantum Minerals para la explotación de cobre de una mina a cielo abierto en la provincia de Colón, distrito de Donoso. Esta empresa venía explotando la mina desde hacía 20 años con un contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2019. Pese a que el primer contrato fue anulado la empresa prosiguió con la extracción con la anuencia cómplice del gobierno, el cual quiso otorgarle un segundo contrato por otros 20 años.

La indignación explotó ante la descarada corrupción del gobierno en favor de First Quantum.

La explosión fue mayor entre la juventud, el sector más concientizado frente a los problemas de la preservación ambiental, pero también el más afectado por la crisis social creciente, como se ha señalado. Las movilizaciones convocadas en la ciudad de Panamá por jóvenes profesionales y de capas medias, mediante el esquema novedoso llamado "Sal de las Redes" fueron masivas, en números que no se veían desde hacía mucho tiempo. La asistencia se contaba por decenas de miles de personas.

Paralelamente también salieron a la calle los sectores que habían luchado en 2022.

Trabajadores de la construcción, bananeros, educadores, estudiantes, a los que se sumaron los pescadores de la zona de Donoso, vecina de la mina, quienes bloquearon el puerto de la minera con sus botes. Se repitieron los ya probados métodos de lucha con los bloqueos que nuevamente paralizaron al país. Las movilizaciones y bloqueos se sostuvieron hasta lograr que la Corte Suprema de Justicia volvió a declarar inconstitucional el nuevo contrato.

La gente celebró la victoria con júbilo y sumó otra experiencia de lucha victoriosa a su memoria. Las experiencias de 2022 y 2023 sostienen las movilizaciones de 2025.

Deuda pública y la ofensiva neoliberal de José R. Mulino

En cinco años de istración del presidente Cortizo casi duplicó la deuda pública, que escaló desde unos 30 mil millones de dólares hasta los 56 mil millones de la actualidad (Hernández, 2025). Siempre jugando con la relación deuda/PIB, ya que este último mantuvo un crecimiento constante. Sobre un PIB estimado en 2025 de 92,000 mil millones de dólares, estamos hablando de que la deuda representa un 60%.

Pese a que de hecho hubo una recuperación del crecimiento económico, el subsidio directo al gran capital, fomentando exoneraciones y evasión fiscal, y sobre endeudando al país, llegaron a tal extremo que incluso los gastos de funcionamiento, como salarios de los empleados públicos se pagaban de nuevos sobregiros.

En marzo de 2024. En medio del proceso electoral presidencial, la agencia calificadora de riesgos "Fitch" bajó la calificación de Panamá aduciendo que el país enfrentaba "desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agudizados por los acontecimientos en torno al cierre de la mayor mina del país" (Reuters, 2024).

De manera que, cualquier candidato o candidata que se eligiera, salvo que fuera rupturista con el neoliberalismo, característica que sólo tuvo la candidatura de la profesora Maribel Gordón, empezaría el nuevo gobierno con la agenda marcada por Fitch, con la anuencia de los gremios empresariales panameños agrupados en el Consejo de la Empresa Privada (CONEP) y la Cámara de Comercio, con el respectivo eco de los medios de comunicación de masas controlados por ellos.

Salió electo José R. Mulino, designado de manera ilícita por Ricardo Martinelli quien fue condenado por blanqueo de capitales a diez años de prisión, pero que no cumplió al refugiarse en la embajada de Nicaragua. Martinelli y Mulino lograron convencer a un tercio del electorado en que volverían a revivir la "prosperidad" de su primer gobierno (2009-2014).

Durante el proceso Mulino logró un acuerdo de trastienda con la burguesía tradicionalmente enemiga de Martinelli, agrupada en la junta directiva del Banco General.

Además, Mulino logró del beneplácito de la embajadora de Estados Unidos, ya que era conocido por su papel de vicecanciller del gobierno nacido de la invasión de 1989, y por su carácter represivo como ministro de seguridad del gobierno de Martinelli (2009-2014).

La ofensiva neoliberal y represiva de Mulino:

De manera que la racionalidad detrás de las medidas económicas de Mulino es la capear la crisis fiscal panameña:

1. Apropiándose y privatizando parcialmente los ahorros de las jubilaciones de la clase trabajadora panameña. Unos 10,000 millones de dólares en este momento según algunos economistas.

2. Poner a funcionar la mina de cobre de Donoso (First Quantum M.).

3. Impulsar un nuevo megaproyecto con los fondos del Canal de Panamá construyendo una represa en el río Indio y trasvasando el agua al lago Gatún, cuyo costo se estima en al menos 2,000 millones de dólares, cuya licitación ganarán sectores del poder económico dominante.

La otra arista del plan Mulino es la política de seguridad que a su vez tiene dos patas:

1. La interna, es el diseño y ejecución de un plan represivo que pretende evitar a toda costa que los sectores en lucha cierren las vías paralizando la economía, como en 2022 y 2023. Para ello se invirtió en contratar cientos de agentes, invertir en su entrenamiento y armamento. La ejecución la hemos visto desde el inicio de las protestas en marzo, con la dura represión contra cualquier cierre, arrestos masivos y judicialización de activistas. El intento de desarticulación del Suntracs por la vía judicial para desactivar la vanguardia del movimiento sindical.

2. La externa, que ha sido la sujeción del país a los interese militares norteamericanos, que inició desde que empezó su mandato, antes de que Donald Trump fuera electo, cuando dijo que "la frontera de Estados Unidos empezaba en Darién", a propósito del problema migratorio, y como muy bien le recordara John Bolton recientemente (Berríos Riaño, 2025).

A esa actitud siguió el completo sometimiento a la voluntad del secretario de Estado, Marcos Rubio, primero, y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, después. Lo más grave ha sido la firma del Memorando de Entendimiento (Gil, 2025), que permite la presencia de bases militares norteamericanas en Panamá, las cuales habían desaparecido con la ejecución del Tratado Torrijos Carter desde 1999.

¿Cómo terminará esta crisis?

Lo que se dirime en la lucha de 2025 es la esencia del país que hay que construir. Hay en conflicto dos proyectos de nación distintos y en choque.

Para la burguesía es clave imponer las reformas económicas a sangre y fuego, así como atar su futuro al imperialismo yanqui, igual que hace cien años atrás, cuando regalaron el canal a cambio de unas migajas en 1903. De igual modo es vital para la clase dominante panameña asestar un golpe mortal al sindicalismo tratando de descabezar a su vanguardia, el Suntracs.

¿Podrán?

Para la clase trabajadora, es vital defender su seguridad social y sus pensiones, de ello depende su vida, así como la defensa de la soberanía sobre el canal, de la que depende la prosperidad, así como sus gremios docentes y sindicales.

Eso explica la fuerza del choque que se ha producido, y que, pese a la dura represión, la movilización se ha sostenido, alimentada por una indignación creciente del pueblo panameño. Pero lo que se dirime no es una simple demanda reivindicativa, es un proyecto de país. ¿Está la vanguardia de luchadores consciente de ello?

¿Las y los miles de activistas docentes, obreros, bananeros, estudiantes, comuneros que han estado en la calle luchando están conscientes de que libran una batalla política por la dirección del Estado? ¿Se ha reflexionado de que el problema no es solo Mulino sino toda la clase empresarial que está detrás de su proyecto económico? ¿La dirigencia, al menos, ha cavilado respecto a que la única manera de vencer a la plutocracia corrupta y vendepatria es construyendo un proyecto político alternativo?

Ese es el reto y es donde está la gran debilidad del movimiento popular panameño: que la vanguardia que lucha asuma la construcción de un proyecto político alternativo, que dispute el poder a la burguesía antinacional y corrupta que nos gobierna. Si, de las huelgas y movilizaciones de 2025 germinara la cimiente de un proyecto político popular, antineoliberal y bolivariano, habríamos ganado, aun si se perdiera la lucha contra la Ley 462.

La victoria o la derrota en Panamá también depende de factores externos, porque se sigue imponiendo en el mundo la ola de gobiernos de ultraderecha y neofascistas, el movimiento popular panameño caminaría con un viento en contra demasiado fuerte. Pero si las movilizaciones lograran asestar derrotas a esos proyectos en otros países, en particular en Estados Unidos al régimen de Donald Trump, sin duda el pueblo panameño lucharía con viento a favor.

Tomemos fuerza moral para la enorme tarea por venir irando el sacrificio del pueblo mártir y heroico de Palestina.

Panamá, 9 de junio de 2025.

Bibliografía

Ayala, R. (2022). Sociología histórica del torrijismo. San José: ASKBOOKS.

Beluche, O. (1994). Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá 1980-1990 (Segunda ed.). Panamá: ARTICSA. Obtenido de https://bdigital.binal.ac.pa