La acepción contemporánea del Maltrato Infantil es una labor difícil, compleja, imprecisa y variable pudiéndose considerar hasta un esfuerzo titánico llegar al consenso de lo qué es y qué constituye, toda vez que atiende a la particularidad de aspectos relacionados con la educación, la infancia y la dinámica familiar, que además pueden derivar en una percepción errónea de patrones culturalmente aceptados, conllevando a un proceso de invisibilización. 2b5v1v
Sin embargo, el Maltrato Infantil no involucra solamente lo que se realice como una acción agresiva física o mental; además, también permite establecer que la omisión del cumplimiento de las responsabilidades parentales, del Estado y la sociedad en general, constituyen una forma de su expresión. Entonces, no se limita a actos violentos o agresivos, físicos o mentales por parte de padres o cuidadores, sino que también incluye omisiones, por ellos o por las instituciones cuyos deberes son garantizar el ejercicio íntegro y total de los derechos de la población infantil y adolescente. Es necesario entender que prevenir y enfrentar el maltrato es un problema que requiere una respuesta coordinada, integrada y sinérgica de diferentes actores sociales.
Por lo tanto, la protección para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) bajo un enfoque de derechos y con la protección integral a la infancia y adolescencia como responsabilidad concurrente del Estado, la familia y la sociedad, se encuentra plasmada en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) y consagrado en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), como el principio de corresponsabilidad social en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Desprendiéndose de este precepto la conjunción de actores y acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de modo que son corresponsables en su atención, cuidado y protección.
En efecto, se materializa en la obligación compartida de atender, cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, reconociendo su condición de sujetos plenos de derechos y su vulnerabilidad particular. Así, constituye un pilar fundamental en el sistema de protección integral que trasciende la responsabilidad estatal, configurándose como un entramado de actores y acciones convergentes dirigidas a la plena garantía y ejercicio de los derechos inherentes a esta población sensible.
De allí, la concurrencia de diversos actores permite involucrar activamente a la familia, la sociedad organizada, las instituciones educativas, los medios de comunicación y el sector privado, en el que cada una de las partes asume un rol específico, complementario y sinérgico en la protección de la infancia y la adolescencia, para lo que se requiere la coordinación y articulación de esfuerzos, evitando la fragmentación y duplicidad de acciones.
Dentro de esta óptica, en la Ley Orgánica del Poder Popular (2010) se contempla la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo en la gestión pública. Además, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) (2015) se establece la composición del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, incluyendo taxativamente a los Consejos Comunales y demás formas de organización popular como parte integral de este sistema. Asimismo, en la Ley de Procedimientos Especiales en materia de Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes (2010) se le confiere atribuciones a los Consejos Comunales en la conciliación familiar. Dado lo anterior, demuestra la importancia que la ley le otorga a la participación ciudadana y a la corresponsabilidad en la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Entonces, es imperativo considerar la organización comunitaria articulada con las acciones del Estado, la familia y la sociedad con el compromiso de responsabilidad social que garantice los derechos a la población infantil y adolescente. De los planteamientos anteriores se desprende que el bienestar de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida y la condición deseada; sin embargo, la presencia indefectible del Maltrato Infantil acecha los hogares, produciéndose lo contrario a lo esperado, entonces al interconectar el trinomio estado, familia y sociedad se aprecia una realidad compleja.