Ayer ocurrió un atentado político en Bogotá contra el senador Miguel Uribe, de la cuerda de la ultraderecha neofascista que encabeza el ex presidente Álvaro Uribe (aclaremos que la víctima no tiene parentesco alguno con el Caballista del Ubérrimo). x3c39

Un menor de 14 años disparó contra el político sin que su esquema de seguridad respondiera con agilidad y certeza. El menor fue capturado y entra a convertirse en la pieza central de la investigación criminal anunciada por la señora Fiscal, Luz Adriana Camargo, que ha establecido 4 líneas de indagación.

Miguel Uribe Turbay es vástago de una prominente familia política tradicional bogotana, asociada con la arbitrariedad y el atropello de los derechos humanos y la corrupción. Su abuelo, Julio Cesar Turbay Ayala (de origen sirio), fue presidente de Colombia (1978-1982), y en su gobierno su implantó una dictadura militar, con una fuerte influencia de los generales fascistas que, alimentados por las teorías anticomunistas de la Seguridad nacional, montaron un régimen amparado en el Estatuto de Seguridad, utilizado para cometer toda suerte de atropellos y vejámenes violatorios de los derechos humanos y las garantías civiles. Con tal blindaje, la corrupción se ejerció sin control alguno. Su Mama, la periodista Diana Turbay, fue asesinada por sicarios de Pablo Escobar, luego de un secuestro que incluyó a Andrés Pastrana, que posteriormente sería presidente de Colombia (1998-2002). Su tío, Julio Cesar Turbay Quintero, fue otro político muy nombrado, que ocupó los cargos de senador y Contralor de la Republica, posición en la que protagonizó grotescos episodios de corrupción y cinismo político.

Con ese pasado, Uribe Turbay fue escalando distintas posiciones burocráticas, hasta convertirse en uno de los más conocidos jefes del Centro Democrático, el partido de Uribe Vélez, que es el eje de toda la ultraderecha política colombiana.

Durante el gobierno popular del presidente Petro ha sido una de las voces más bullosas y mentirosas de la oposición reaccionaria, siempre empeñada en bloquear y sabotear las reformas sociales del gobierno con discursos fementidos y con ardides politiqueros, típicos de su calaña. En ese ejercicio avanzó hasta alcanzar la condición de precandidato presidencial en la disputa interna del partido "Centro democrático", donde sus adversarias y competidoras (Maria Fernanda Cabal y Paloma Valencia) lo acusan de hacer juegos sucios para sacarlas del juego. Así que, en la actual coyuntura, Uribe Turbay se movía en un ambiente de mucha "calentura" y de agria disputa interna con sus copartidarias de la extrema derecha.

El intento de asesinarlo es bastante grave, condenable desde todo punto de vista; aunque no hay que olvidar que Colombia tiene una triste historia de sangre en este campo. Desde que asesinaron al líder socialista y liberal de izquierda, Jorge Eliecer Gaitán, en 1948, en esta nación han muerto, como consecuencia de la guerra y la violencia ejercida por la camarilla oligárquica, 700 mil personas.

La Unión Patriótica, un movimiento de izquierda, fue exterminada por los militares siguiendo órdenes de la casta política liberal/conservadora desde la década de los 80; en 1990 fueron asesinados varios líderes políticos (Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán) por grupos paramilitares promovidos por las brigadas militares y comandos de policía; Álvaro Gómez Hurtado, jefe histórico del falangismo conservador, fue asesinado en 1995, cerca de una universidad, por órdenes de militares que lo acusaron de traición a los planes secretos para sacar a golpes de la presidencia a Ernesto Samper Pizano, por no compartir sus ideas socialdemócratas.

El exterminio de líderes sociales y de ex combatientes guerrilleros, y la masacre constante, es la marca indeleble del régimen político colombiano. Uribe Vélez, que gobernó entre el 2002 al 2010, lo hizo mediante un sistema paramilitar que conllevó la muerte de miles de líderes sociales, de la ejecución de casi 10 mil "falsos positivos", el desplazamiento de más de 10 millones de campesinos, luego de que los despojaran de más de 8 millones de hectáreas, que quedaron en manos de políticos, terratenientes, empresarios, banqueros, magistrados y generales amigos de Uribe Vélez.

Todo indica que con el atentado al señor Uribe Turbay está regresando esa grave pulsión violenta de las roscas oligárquicas.

En momentos en que el presidente Gustavo Petro plantea una salida al bloqueo institucional apalancado desde el Senado, las Cortes judiciales y la prensa corporativa, que impide la concreción de las reformas sociales a la salud, al trabajo y a la reforma agraria; con la realización de una Consulta popular laboral, ocurre este repudiable evento político, precedido de graves amenazas contra Petro emanadas de la "Junta del Narcotráfico", localizada en Dubái y en Turquia, que mueve millones de dólares (del tráfico de drogas) para asesinarlo y destruir todo el proyecto político transformador del gobierno del Pacto Histórico.

En ultimas, lo que pretende la ultraderecha con este atentado, es generar el mayor caos político para facilitar el regreso inmediato de los sectores de la ultraderecha fascista a los puntos estratégicos del gobierno e interrumpir la ruta del cambio liderada por Petro.

Como quiera que el presidente y sus ministros del Interior (Benedetti) y de Justicia (Montealegre) han encontrado, en un juego dialectico y jurídico muy certero, la ruta para avanzar en la expedición del decreto que Convoca la Consulta popular laborar para el próximo 7 de agosto, los adversarios de la misma, atrincherados en la presidencia del Senado, con la red que gira a su alrededor y converge en la maniobra siniestra, se han sumido en el desespero, desatando actos demenciales y apocalípticos para generalizar la inestabilidad y la convulsión socio política.

Claramente la coyuntura es bastante delicada y compleja, por lo mismo requiere la mayor ponderación del bloque popular, para no caer en la provocación.

Por supuesto, hay que avanzar en los preparativos de la Consulta popular con la expedición del decreto correspondiente, que se dará en Cali el próximo 11 de junio, en un acto popular masivo al que lleguen las organizaciones comunitarias del sur occidente y del Eje cafetero.

La Consulta popular laboral es una expresión de la potencia constituyente de millones de colombianos que no renuncian a los cambios necesarios requeridos por toda sociedad.

Cambios que, por supuesto, necesitan de una subjetividad popular cualificada y sustentada en las lecturas de una "economía política critica" que remueva el modelo neoliberal fiscal mediante la reformulación de la "regla fiscal" (con el escape fiscal); la recuperación de los excedentes (vigencias futuras, encajes bancarios, subsidios a los combustibles para los ricos), drenados para poderosos conglomerados financieros, bancarios y contractuales; la demanda del presupuesto del 2025 (recargado en favor de las mafias financieras) y el ataque frontal a la corrupción (Regalias, infraestructura, salud y educación).

Son recursos que deben canalizarse en favor de la economía popular (cafeteros, arroceros, eros, lecheros), del precariado, para mejorar los ingresos de los trabajadores, para la reforestación, para las pensiones de los adultos mayores, para la salud, para la educación, para la paz, para el derecho al agua potable, para las vías terciarias, para la conectividad, para la garantía y el control social, para la democracia participativa, la reforma agraria integral y la vivienda, priorizando la solución del déficit cualitativo mediante los programas de mejoramiento de vivienda.

Es con la superación de la pobreza, de la inequidad y la desigualdad que el movimiento social y las distintas subjetividades que lo integran, ganan más espacio y protagonismo en la actual transición hacia la paz y la justicia ambiental.