04-06-25.-Con la consigna «Basta de represión» varias organizaciones y dirigentes manifestaron este miércoles a las puertas del Ministerio Público
La desaparición forzada es una política de Estado, afirman las organizaciones de izquierda que este martes acudieron a la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, para reiterar su solicitud: «Basta de represión».
Ángel Arias, dirigente de la Liga de los Trabajadores por el Socialismo, exigió la aparición «ya, con vida, de todas las personas que no se sabe dónde están». Arias detalló que, según organismos de derechos humanos, unas 50 personas fueron detenidas en las últimas dos semanas «y de la gran mayoría no se sabe dónde están ni las condiciones en las que están». Eso es grave, insistió: «No se puede tolerar que los cuerpos del Estado secuestren una persona y la mantengan desaparecida, desvinculada de sus familiares y de sus abogados».
El MP «es el garante de los derechos y las garantías democráticas», y por eso «debería estar garantizando en este momento la vida, las condiciones mínimas y la ubicación de las personas desaparecidas», así como el derecho a contar con un abogado de su confianza.
La acción penal es responsabilidad del MP, pero hoy día «vemos cómo la acción penal la está asumiendo un ministro y otros ministros», alertó Oscar Murillo, coordinador de Provea. Es el MP «el que debe hacer las investigaciones y presentarlas como tal», añadió. Murillo sostuvo que el pueblo quiere vivir en la verdad y en la justicia: «Lo que está detrás de esta represión es eliminar un espacio de disidencia».
La ley del odio que aplica el ejecutivo venezolano se parece a la ley de vagos y maleantes usada en la llamada Cuarta República, criticó Oswaldo Ramos, dirigente del PCV-Dignidad. «Una ley que es para ponerle mordaza a la opinión popular, una ley que la vienen utilizando para acallar las protestas», lamentó.Viajes
Ramos advirtió que condenan las detenciones de ciudadanos «independientemente de la forma de pensar» que tengan; deploró «la negación del derecho a la defensa» y la desaparición. «Hay un conjunto de personas que son detenidas, los familiares salen a buscarlos y los niegan. No sabemos dónde los tienen, no sabemos por qué los detuvieron».
Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista, señaló «la política antiobrera y antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro» y dijo que quieren gozar «de una libertad con derechos, con democracia para todo el mundo». Martínez subrayó que si la gente no se encuentra, se organiza y elabora un plan de lucha «no vamos a poder recuperar los derechos y la libertad que nosotros soñamos. Es un reclamo que hacemos, un llamado formal a los trabajadores, a los luchadores».
Para Roberto Carpio, dirigente de jubilados y pensionados, es indispensable la libertad de los adultos mayores y de los periodistas. «En Venezuela decir la verdad y tener la profesión de periodista ya prácticamente para el gobierno es un delito», reprochó. «El gobierno se ufana de libertades, pero la libertad es para llevar presos a quienes luchamos».
Jackeline López, dirigente del PCV-Dignidad, alzó la voz en defensa de los periodistas y medios de comunicación. «Hay decenas de periodistas presos en este país. La libertad de expresión, como derecho humano, está siendo violentada de la manera más flagrante, y los voceros del gobierno lo exhiben como si fuera una medalla», denunció.
El periodista y dirigente político Manuel Isidro Molina cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y los vinculó con la crisis actual: «En esta pendiente se han metido y parece que no tienen forma de salir. Modestamente, y con visión estratégica, desde el Movimiento Popular Alternativo hemos planteado una vía de superación de esta tragedia histórica que vive Venezuela», que sería «con la renuncia de Nicolás Maduro».
