En medio del enorme revuelo que ha causado el atentado pocas hipótesis se barajan sobre este punto decisivo. No parece haber dudas sobre el autor material directo, capturado de inmediato: un menor de edad, seguro reclutado por dinero. Debe haber tenido cómplices para ejecutar su "trabajo", pero ¿quién dio la orden? 6n3e2j

Responder a esa pregunta es de la mayor importancia para prever qué repercusiones tendrá el atentado en el proceso político nacional o si hechos de esta índole se pueden producir de nuevo en el futuro inmediato. A la vez, hay otra pregunta estrechamente relacionada: ¿quién se beneficia, o perjudica, con un hecho de esta gravedad?

Autoatentado, muy improbable

Si bien es válido el concepto investigativo de que, de entrada, en casos como estos, ninguna hipótesis se puede descartar también es válido que, contrastadas con la situación concreta y hechos políticos o sociales evidentes, algunas aparecen menos probables que otras.

Los ataques físicos (atentados) a los políticos –sean del sector que sean– generan una enorme ola de simpatía y solidaridad con la víctima. Debido a ello existe el autoatentado. Pero el autoatentado, conocido con anterioridad y aceptado o no por la víctima, supone garantizar bajos riesgos a la propia "víctima". Se trata sólo de producir el hecho "espectacular" del ataque para aprovechar los réditos de difusión, simpatía y solidaridad que se generan. No es el caso actual. La víctima se debate, según los informes médicos, entre la vida y la muerte.

Orden de un sector político "legal": poco probable

A pesar de la enorme polarización existente entre las fuerzas que respaldan al gobierno y las que se le oponen, todas ellas actuando hasta ahora en el marco del régimen político y proclamando respetar la institucionalidad, no aparece ningún elemento sólido que muestre la posibilidad de que alguna de esas fuerzas, o un pequeño sector de ellas, haya desatado el proceso que culminó con el atentado.

Los microscópicos residuos que quedan del M-19 (a pesar de que Petro agite su bandera de vez en cuando o blanda simbólicamente la espada de Bolívar) hace décadas abandonaron esos nefastos métodos. Los procesos de profunda integración al régimen de las extintas FARC-EP permiten considerar poco probable un actuar de ese tipo. El resto de la denominada "izquierda" que respalda al gobierno nunca ha utilizado estos métodos; menos aún ahora que disfrutan de las mieles de ser "gobernantes"; lo que les garantiza enormes prebendas.

Clanes, disidencias, Estados Mayores o menores y "guerrillas": la posibilidad es mayor

Colombia es un país en el cual, más que en muchos otros, se cruzan las más variadas y poderosas fuerzas; combinando la actividad legal e ilegal y "todas las formas de lucha" para desarrollar lucrativos negocios capitalistas. No se trata solo del multimillonario negocio de la coca. Se trata de la minería ilegal de oro y otros metales, del control del contrabando y de muchas otras áreas.

Todos esos grupos, a lo largo y ancho del país, se vieron involucrados, en una u otra forma, en la oferta de "paz total" del gobierno Petro. Ese proceso hace agua por los cuatro costados y su hundimiento ha comenzado a producir enfrentamientos de cada vez mayor dimensión. Basta recordar los procesos del Catatumbo, hace pocos meses. Hasta hace poco, durante varias semanas, el denominado Clan del Golfo desarrolló una "Operación Pistola"; típica de las épocas más macabras del accionar de los grupos de narcotraficantes en décadas anteriores. Se ha buscado así presionar al gobierno para muy diversas concesiones y negociaciones. Todos esos grupos, unos más que otros, pueden tener interés en sembrar zozobra, generar desconcierto y realizar actos que muestren el fracaso del gobierno Petro.

Hasta el momento, y hasta donde se conoce, ninguno de esos grupos se ha adjudicado la autoría del atentado a Miguel Uribe T., pero eso no puede llevar a descartar esa posibilidad. Es típico del accionar de estas organizaciones que no siempre proclaman la autoría de sus acciones.

Y otra pata que le nace al cojo

En los últimos días se desató un choque violento con un grupo delincuencial que tiene enorme influencia en el Valle del Cauca; la denominada Inmaculada, de Tuluá, dirigida por "Pipe Tuluá". Pende de un hilo la extradición a Estados Unidos del máximo dirigente de esa agrupación. En protesta la banda ha desarrollado diversas acciones, en especial en el mismo Tuluá, que obligaron al toque de queda durante varias noches. ¿No podría ser el atentado un desafío abierto al gobierno de Petro de esta banda; haciéndole saber que causará "un mierdero" si su más alto capo es entregado a la justicia norteamericana? ¿No se repite el patrón de los narcos (en especial de Pablo Escobar) en la década de los 90 del siglo pasado?

Tal como reconocemos, ninguna hipótesis se puede descartar. Sobre muchas de ellas casi seguro el gobierno tendrá más elementos; incluso sobre esta última. Lo extraño de todo es que se hable poco o nada de ¿quién dio la orden?

¿Y quién se perjudica?

Hablando en términos políticos –no de quien sufrió las heridas y hoy se debate entre la vida y la muerte– no cabe la menor duda quién sufre el golpe más fuerte por este atentado es el gobierno de Gustavo Petro.

Tan pronto se conoció la noticia todos los medios de comunicación, los analistas, los voceros de las diversas fuerzas políticas, los representantes de gremios, instituciones, organismos internacionales, gobiernos de otros países, señalan como uno de sus ejes de sus declaraciones la necesidad –en forma más directa o indirecta– de cesar en el "enfrentamiento verbal", en los "mensajes de odio", en la polarización; a la vez, proclaman la defensa de "la democracia". Y quien aparece como primer blanco de esas alusiones es, sin la menor duda, Gustavo Petro; quien se vio obligado a cancelar el "paseo" a París que iniciaba con 70 funcionarios durante una semana.

En el imaginario político nacional quien aparece como un elemento "polarizador", que realiza una constante "confrontación verbal", que "amenaza la democracia" es el presidente. Más aún, el proyectado "decretazo" de convocatoria a una consulta popular para la reforma laboral (que aún no se decreta y no está claro que llegue a decretarse) ha sido señalado como un verdadero intento de golpe de estado, de usurpación de poderes que no corresponden a la presidencia. A firmar ese "decretazo" parece se han opuesto incluso algunos de los actuales ministros de Petro.

El gobierno ha quedado a la defensiva. Varios de sus más fieles seguidores intentan diferenciarse del lenguaje presidencial, que aparece como provocador, amenazante y excesivamente beligerante.

Lo que había ganado el gobierno en el forcejeo con el Senado en la puja por la reforma laboral y con su plan de consulta popular es posible que lo esté perdiendo de tajo por los balazos que recibió Miguel Uribe T., balazos que políticamente a quien más han herido es el mismísimo Petro.