13-03-25.-La ONG Ve sin Filtro denunció este miércoles un total de 949 eventos de bloqueos de sitios web en Venezuela, de los cuales 60 pertenecen a medios de comunicación. 1i3r5r
“Entre enero de 2016 y enero de 2025, Ve sin Filtro ha registrado 1.335 eventos de bloqueos ejecutados por los principales prestadores del servicio de internet en el país. Siguen activos 949 de estos eventos, impidiendo el a 134 sitios web, 60 de ellos correspondientes a medios de comunicación”, dijeron en una nota de prensa.
Asimismo, señaló la organización que de manera más detallada, y considerando que hay sitios web con más de una dirección URL, han identificado 228 dominios bloqueados, de los que 180 están activos y 89 pertenecen a medios de comunicación digitales. “Los dominios alternativos que pertenecen al mismo sitio web son una estrategia para diversificar sus s e intentar burlar la censura”.
“Estos bloqueos son severas restricciones al ejercicio de los derechos humanos, en especial el de la libertad de expresión y el de a la información. Los bloqueos, así como la persecución contra ciudadanos que expresan sus ideas en las plataformas digitales, son también un ejemplo crítico de la reducción y la censura del espacio cívico digital”, aseguró la ONG.
Además, consideran de especial preocupación el bloqueo de plataformas como X/Twitter, TikTok, Wikipedia; la app de mensajería cifrada Signal, el bloqueo de servidores DNS públicos y los bloqueos contra los sitios web de VPN, que son “herramientas usadas para evadir la censura en internet. En este último caso, están bloqueados 30 sitios web y 32 dominios en línea”.
“Solo en enero de 2025, 32 DNS públicos fueron bloqueados, principalmente por la estatal Cantv de forma intermitente. Esto impide que los s que usaban estos servidores para evadir los bloqueos DNS, no pudieran navegar en internet y quedaran prácticamente sin conexión, aumentando la censura. Fueron 98 eventos de bloqueos a 32 IPs, que corresponden a 15 empresas de servidores”.
Finalmente, dijeron que la censura en internet, ya sea por parte de gobiernos, corporaciones o incluso actores privados, representa “una grave amenaza para la democracia y el desarrollo social”.